By Edith Loyola 
Más de mil indígenas provenientes del suroccidente colombiano se congregaron este miércoles en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de compromisos fundamentales. La multitudinaria movilización se produce en un contexto de creciente tensión en los territorios de origen, donde la presencia de actores armados ilegales amenaza la seguridad y los derechos de las comunidades.
Según lo informado, los manifestantes (en su mayoría de los departamentos de Cauca y Nariño) instalaron un campamento improvisado en el corazón político del país. Llegaron el lunes en chivas, vehículos tradicionales, con la firme intención de ser escuchados por el presidente Gustavo Petro, a quien han respaldado durante su mandato, pero de quien ahora exigen respuestas concretas.
“Aquí no venimos a exigir unos carros blindados o una seguridad para los líderes, sino en general para el pueblo entero”, expresó Olmes Valencia, coordinador político del Movimiento los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, en entrevista con The Associated Press.
“Pensamos estar el tiempo necesario para que nos escuchen”, agregó, haciendo alusión a la determinación de permanecer en la plaza hasta obtener una respuesta clara del gobierno.
A pesar del respaldo que las comunidades brindan a Petro, la realidad en sus territorios no ha mejorado sustancialmente. De acuerdo con los líderes indígenas, realizaron acciones anteriores como tomas de la vía Panamericana y procesos de recuperación de tierras, sin lograr avances significativos.
“Hemos hecho varias exigencias, una toma de la vía Panamericana, recuperaciones de tierra, pero no hemos sido escuchados, entonces venimos a Bogotá a que nos escuchen”, explicó nuevamente Valencia.
Por otro lado, el tono de la protesta no es confrontativo con el Ejecutivo. De hecho, los representantes indígenas reiteran su apoyo a las reformas sociales que impulsa el presidente en el Congreso. No obstante, sostienen que los compromisos adquiridos previamente siguen sin cumplirse.
“Los acuerdos que no se han cumplido tienen que ver con derechos fundamentales como la educación, derecho a la tierra, inversión social en agricultura”, puntualizó Edwin Chávez Rivera, consejero mayor de las comunidades indígenas de Nariño.
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De acuerdo con el líder, el problema no radica únicamente en la voluntad política, sino en la inestabilidad dentro de los propios ministerios, que interrumpe los procesos y dilata la ejecución de las políticas acordadas.
“Nos afecta directamente porque los procesos tienen que continuar, tienen que dar un avance, no podemos ser objeto de los remezones ministeriales, lo cual afecta directamente a las comunidades”, advirtió Chávez.
Recientemente, el presidente Petro renovó su gabinete en medio de una crisis institucional que se hizo visible durante un consejo de ministros televisado. Allí, él mismo cuestionó el lento avance en la implementación del programa de gobierno, lo que ha generado aún más incertidumbre en comunidades que requieren acciones urgentes.
En otro aspecto relevante, los manifestantes expresaron su desconexión con las organizaciones indígenas más grandes del país. Alegan que no se sienten representados por estas estructuras, debido a conflictos internos que han debilitado su capacidad de interlocución frente al gobierno.
Paralelamente, en los territorios de origen se vive una crisis de seguridad. Las comunidades del Cauca y Nariño enfrentan el accionar violento de facciones disidentes de las antiguas FARC, así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades han registrado ataques armados, hostigamientos y uso de explosivos en diversos municipios.
“Dentro de eso la población civil es la que padece, en medio de esta confrontación, prácticamente el reclutamiento de los niños en cualquiera de los dos bandos y también del reclutamiento de las fuerzas militares”, denunció Valencia.
Ante este panorama, el Ministerio del Interior informó que mantiene diálogo con los representantes indígenas con el fin de establecer una hoja de ruta clara para abordar sus peticiones. Sin embargo, los manifestantes aseguran que no regresarán a sus territorios hasta obtener compromisos verificables y cronogramas específicos de ejecución.