By Juliana Rios 
En pleno 2025, resulta alarmante que en Colombia sigan existiendo municipios donde el uso de animales como medio de transporte persiste sin regulación. A diferencia de Bogotá, donde los vehículos de tracción animal fueron eliminados como parte de una política pública de dignificación y bienestar animal, en Tuluá, Valle, los caballos siguen cargando el peso de un sistema desigual, en medio del tráfico y la indiferencia oficial.
El caso de Bogotá: una política de avance y respeto animal
En 2013, Bogotá se convirtió en referente nacional al prohibir el uso de vehículos de tracción animal, mediante el Decreto 595. La medida no solo obedeció al bienestar de los animales, sino también a un proceso de modernización del transporte y dignificación del trabajo para los llamados “zorreros”. El distrito capital diseñó un plan de sustitución que incluyó alternativas laborales y entrega de motocarros a los carreteros censados.
Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, más de 2.000 caballos fueron retirados del sistema de tracción y reubicados, mientras que sus antiguos propietarios recibieron capacitaciones y medios de subsistencia alternativos. Esta política pública, pese a sus desafíos, ha sido aplaudida por organizaciones animalistas y sectores sociales que promueven la empatía y el respeto por la vida.
Tuluá, entre la indiferencia y el abandono normativo
En contraste, en Tuluá, Valle del Cauca, los caballos siguen siendo obligados a jalar carretillas cargadas de escombros, basura, madera o reciclaje. Los animales recorren largas distancias bajo el sol inclemente, sin agua, sin atención veterinaria y, muchas veces, con heridas visibles, malnutrición o cojeras evidentes.
La ausencia de una política local clara para reemplazar este modelo de transporte ha perpetuado un sistema desigual, donde el sufrimiento animal se normaliza. Los conductores de estos vehículos improvisados, en su mayoría personas de bajos recursos, también son víctimas de un abandono estatal que no les ofrece soluciones de fondo ni alternativas de ingreso digno.
Voces desde la calle y desde la ciudadanía
Entre los argumentos comunes está la justificación económica: muchas personas dependen de estas carretillas para subsistir. Pero esta realidad no puede ser excusa para mantener un modelo que perpetúa el maltrato animal y la exclusión social. La solución no pasa por ignorar el problema, sino por ofrecer alternativas viables y sostenibles para todos los involucrados.
Desde distintos sectores de la sociedad civil se ha denunciado el abandono de los caballos utilizados para carga. Las organizaciones defensoras del bienestar animal coinciden en que la mayoría de estos animales no recibe atención veterinaria, sufren desnutrición y son forzados a trabajar en condiciones extremas, lo cual contradice las leyes colombianas de protección animal.
¿Tradición, necesidad o atraso?
Seguir permitiendo el uso de vehículos de tracción animal en 2025 es una decisión que trasciende lo técnico: es un reflejo de cómo se entiende la dignidad, el desarrollo y la vida misma en los territorios. No se trata únicamente de caballos maltratados, sino de un Estado que llega tarde o simplemente no llega a los márgenes urbanos.
Tuluá necesita con urgencia una estrategia integral que combine justicia social, inversión en infraestructura, alternativas laborales y empatía hacia los animales. Lo contrario es perpetuar una práctica que cada día cuesta vidas, salud y dignidad.
Un llamado urgente al cambio
No se puede seguir justificando el maltrato animal bajo el disfraz de necesidad. La tecnología y los modelos exitosos ya existen. Lo que falta es voluntad política, asignación de recursos y compromiso de las autoridades locales para replicar lo que ya ha funcionado en otras ciudades.
Cada caballo que hoy camina exhausto por las calles de Tuluá es símbolo de una deuda pendiente. Y cada día que pasa sin una solución, es un día más de sufrimiento que podría haberse evitado.