By Laura Pardo 
En el corazón del suroeste antioqueño, la comunidad de Jericó enfrenta una creciente criminalización por su resistencia pacífica al proyecto minero Quebradona, liderado por la multinacional AngloGold Ashanti. Más de 80 campesinos, defensores ambientales, artistas, periodistas e incluso una religiosa han sido querellados por la empresa, acusados de delitos como hurto, secuestro y daños a la propiedad privada. Entre los señalados se encuentra un adulto mayor de 85 años, lo que ha generado indignación en la opinión pública.
La controversia se intensificó el 13 de diciembre de 2023, cuando la comunidad del corregimiento Palocabildo desmontó una plataforma de perforación instalada por la empresa en la vereda La Soledad, sin previa socialización ni consulta con los habitantes. La maquinaria se encontraba cerca de un humedal que abastece de agua a Jericó y municipios vecinos como Támesis. Los residentes entregaron el equipo a la Policía, pero posteriormente fueron acusados de ingresar a la fuerza a un predio privado y de causar daños a la propiedad.
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El proceso judicial ha sido objeto de críticas y ha despertado muchas preguntas al rededor de la defensa del territorio, sobre todo en uno donde la comunidad de ha negado rotundamente a las actividades extractivas. En octubre de 2024, los acusados debieron suspender la cosecha cafetera para asistir a una audiencia pública en el Concejo Municipal, donde fueron tratados como vándalos por su oposición a la minería. La comunidad denuncia que la justicia ha favorecido a la empresa, ignorando las preocupaciones legítimas sobre el impacto ambiental del proyecto.
La comunidad de Jericó exige al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes que se garantice el respeto a los derechos humanos y se detenga la criminalización de quienes defienden el territorio y el agua. Además, solicitan que se realicen consultas previas y se escuchen las voces de las comunidades antes de autorizar proyectos que puedan afectar su entorno y calidad de vida.
La lucha de Jericó que no es una situación aislada representa un llamado de atención sobre la necesidad de proteger a los defensores ambientales y de garantizar que el desarrollo económico no se imponga sobre los derechos fundamentales de las comunidades.